A comienzos de 2025, Bruselas quiere someter a votación una propuesta para crear una entidad legal paneuropea basada en el llamado  régimen 28 . Un mecanismo que permitiría a las empresas operar en toda la Unión cumpliendo con un único conjunto de normas, sin tener que adaptarse a las legislaciones societarias de los 27 estados miembros.

Hasta ahora, ningún instrumento similar ha logrado arraigar. Las fórmulas precedentes —como la Sociedad Europea (SE)— ofrecieron escasa flexibilidad y no consiguieron calar entre startups ni fondos de inversión. La idea del régimen 28 recupera el intento, esta vez con un enfoque más pragmático: ofrecer una opción voluntaria, paralela a los marcos nacionales, pero lo suficientemente funcional como para atraer a empresas que piensan en escala continental desde su fundación.

Según un borrador del programa de trabajo de la Comisión Europea al que ha accedido el Financial Times, la propuesta incluiría medidas para simplificar áreas críticas como insolvencia, derecho laboral y fiscalidad. Sin embargo, la ambición concreta del modelo sigue en discusión: ¿apostar por una solución profunda pero limitada a empresas innovadoras, o una más superficial pero accesible para cualquier firma?

La opción estrecha y la opción amplia

El primer enfoque —defendido por algunos tecnócratas— implicaría diseñar una estructura legal completa, con reglas fiscales, laborales y de gobernanza propias, pero sólo para un subconjunto de empresas innovadoras certificadas por Bruselas. Este modelo recuerda, en parte, a los beneficios fiscales del estatus de start-up nation adoptado por ciertos estados miembros, aunque con un alcance mayor.

Sin embargo, los sindicatos europeos han mostrado su rechazo frontal a esta vía. Temen que se convierta en una puerta trasera para erosionar derechos laborales o debilitar las competencias de los tribunales nacionales en casos de insolvencia o despido. La resistencia no es menor y puede marcar límites claros a cualquier intento de armonización profunda.

La segunda vía, en cambio, propone una entidad legal común más sencilla: permitir la constitución de empresas con validez en toda la UE, manteniendo sin cambios el resto de las normativas nacionales. Este modelo —más fácil de implementar políticamente— permitiría registrar una empresa única para operar en toda Europa, sin tener que reconstituirse país por país.

Lo curioso es que, pese a ser menos ambicioso jurídicamente, este enfoque cuenta con mayor apoyo dentro del propio mercado.

La voz del ecosistema: startups e inversores piden concreción

En paralelo a los debates institucionales, el ecosistema tecnológico europeo ha movido ficha. Bajo la iniciativa EU Inc, un grupo de fundadores, inversores y juristas ha presentado una propuesta concreta para el régimen 28, elaborada en colaboración con bufetes como Orrick, Bird & Bird y Osborne Clarke, y con la participación de general counsels de fondos de capital riesgo y más de 100 colaboradores en abierto.

El diagnóstico es claro: la fragmentación legal de Europa penaliza a las startups que intentan crecer a escala continental. Según Andreas Klinger, uno de los impulsores de EU Inc, solo el 18 % de la inversión en fases tempranas es verdaderamente pan-europea. «Los fundadores neerlandeses compiten solos contra China. Los lituanos, contra Estados Unidos», resume.

Klinger defiende que una entidad legal común no sólo facilitaría la expansión, sino que reduciría costes estructurales, simplificaría rondas de financiación y evitaría duplicidades legales. Eso sí, con una condición clave: que el diseño parta de las necesidades reales del mercado, no de una interpretación administrativa de lo que “debería” funcionar.

«Si queréis hacer esto para startups, hacedlo con startups», afirman desde EU Inc, en un mensaje directo a Bruselas. Lo contrario, advierten, sería prolongar la inercia de un statu quo disfuncional y disuadir a los emprendedores de esperar soluciones desde lo público.

¿Un nuevo intento o una oportunidad real?

No es la primera vez que la Comisión intenta establecer una vía corporativa común. La Sociedad Europea, creada en 2001, nunca llegó a despegar entre pymes ni tecnológicas. Su complejidad, rigidez y falta de incentivos fiscales la convirtieron en una figura residual. Lo mismo ocurrió con otras iniciativas sectoriales o regímenes especiales.

La diferencia ahora es que el contexto ha cambiado. Con el mercado único digital aún sin completar y una creciente presión para evitar que los mejores proyectos europeos se trasladen a Delaware, Singapur o Londres, la urgencia de una solución pragmática es mayor que nunca.

En marzo, el Consejo Europeo pidió formalmente a la Comisión una propuesta para un «régimen opcional de derecho societario», lo que sugiere que la vía del régimen 28 cuenta con respaldo político, al menos en términos generales. Pero queda por ver si ese apoyo se traducirá en una arquitectura legal que el mercado adopte.

La discusión de fondo no es jurídica, sino estratégica: ¿puede Europa diseñar una infraestructura legal que permita a sus empresas competir en igualdad de condiciones en un entorno global?

Entre escepticismo y oportunidad

Las dificultades no han desaparecido. Unificar siquiera una parte del marco fiscal o laboral entre países con enfoques tan distintos como Irlanda, Francia o Hungría sigue siendo un reto. Y existe el riesgo de que todo quede en un ejercicio simbólico, sin utilidad real para las empresas.

Pero también hay elementos nuevos. La propuesta de EU Inc está sobre la mesa, apoyada —según sus impulsores— por prácticamente todo el espectro de actores con experiencia en la creación y financiación de startups europeas. Es una base, no un dogma.

Bruselas tiene, por tanto, una ventana de oportunidad para pasar de la retórica a la ejecución, diseñando una figura societaria útil, adoptable y alineada con la realidad empresarial. Si lo consigue, podría marcar un punto de inflexión en la integración del ecosistema tecnológico europeo.

Si no, será otro régimen más que acaba archivado. Esta vez, con menos excusas.