La semana pasada, en el AMETIC AI Summit de Madrid, Jeff Bullwinkel, VP & Deputy General Counsel de Microsoft para EMEA, pronunció una de las defensas más elaboradas de la confianza corporativa que he escuchado en mucho tiempo.

Citó a un estadista holandés: «la confianza llega a pie y se va a caballo». Dijo que Microsoft no necesita que la ley le obligue a hacer lo correcto. Habló de apertura, de transparencia, de compromisos con Europa que van «más allá de lo exigido».

Esa misma semana, una investigación publicada por El País, The Guardian y Le Monde, coordinada por Investigate Europe, reveló que Microsoft presionó activamente a la Comisión Europea para que la información ambiental de cada centro de datos quedara clasificada como confidencial en la regulación europea. El artículo que propusieron fue incorporado al texto final casi literalmente.

El resultado: las comunidades donde se instalan esos centros de datos —incluidas las de Aragón, donde Microsoft tiene proyectos activos— no pueden saber cuánta energía consumen ni cuánta agua. Tampoco los académicos. Tampoco los periodistas. La Comisión llegó a instruir a los Estados miembros para que rechazaran las solicitudes de acceso a esa información. La cláusula que lo permite fue propuesta por la propia Microsoft.